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PENÍNSULA
IBÉRICA - RURALIZACIÓN |
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EVOLUCIÓN DE LAS VILLAS
La evolución del modelo de explotación de la villa
posterior a su implantación puede apreciarse en varios
ámbitos. En el plano físico, las transformaciones
se proyectan en la estructura de su hábitat que se va
haciendo cada vez más complejo y confortable. Desde el
punto de vista cuantitativo a la eclosión del siglo I
d.C., momento en el que las villae
toman posesión del territorio, le sigue una ralentización
del ritmo de crecimiento y una paulatina reducción del
número debido a los cambios que se produjeron en la propiedad
y en el modo de explotación: la concentración
de tierras en manos de pocos propietarios y la extensión
de la gran propiedad condujo a una alteración sustancial
del sistema y acabó modificando el tipo de relación
campo ciudad al que se vinculaba originariamente la explotación
de la villa (situación palpable a fines del siglo II
d.C.).
Para conocer como se gesta el fenómeno de concentración
de la propiedad agraria hay que remontarse a los cambios del
marco jurídico de la propiedad de la tierra de fines
de la República y comienzos del Imperio, cuando la fundación
de colonias y la promoción de municipios permitió
que los provinciales fueran propietarios. Como ya se ha dicho,
el hecho de que la división del territorio de una civitas
generara parcelas del mismo tamaño no significa que exista
la igualdad en el reparto, pues no todos los lotes eran de la
misma calidad ni a todos los ciudadanos se les asignaba el mismo
número. Además, las propiedades resultantes podían
ser objeto de divisiones o de concentraciones. Entre los diversos
factores que pudieron propiciar la concentración de la
propiedad de la tierra, condicionando su evolución posterior,
se encuentran: el endeudamiento de algunos propietarios como
consecuencia de las malas cosechas, las propias relaciones familiares
y la ocupación del territorio de la ciudad catastrado
sin uso específico. Otro procedimiento que fomentó
la concentración de tierras fue el trasvase de propiedades
privadas a manos imperiales a través de donaciones y/o
expropiaciones (inscripciones halladas en el norte de África
indican que los emperadores, al menos desde los Flavios, disponían
de enormes fincas en régimen de colonato).
La concentración de la propiedad agraria se acelera fundamentalmente
en el siglo III d.C., con diversas consecuencias. Entre otras
cabe destacar la difusión de nuevas formas de organización
del trabajo que posibilitan una mayor productividad: la mano
de obra esclava se hizo cada vez menos rentable, recurriéndose
con mayor frecuencia al colono, incluso en las medianas propiedades.
La razón de este cambio radica en que a partir del siglo
II d.C., cuando se pone fin a las guerras de conquista y el
Imperio deja de expandirse, se agota una de las fuentes de aprovisionamiento
de esclavos (esto no supuso la desaparición de la esclavitud
ya que su persistencia en la Antigüedad Tardía y
la Alta Edad Media es un fenómeno documentado). Si bien
al principio las tierras se repartían entre varios colonos,
en régimen de arriendo por un periodo de cinco años
que podía ser renovado, su evolución posterior
tiende a perpetuar la relación establecida con el propietario
mediante la transmisión de padres a hijos del arrendamiento.
A finales del siglo III d.C. estas situaciones de hecho fueron
reguladas a través de normativas imperiales, como el
nuevo sistema fiscal de iugatio-capitatio
creado por Diocleciano, que favorecía a los dueños
a la hora de impedir que los colonos abandonasen la explotación
sin haber liquidado el arrendamiento (permitía la transmisión
hereditaria de la condición de colono, quedando así
adscritos a la tierra permanente). En definitiva, con la difusión
del latifundio surge una unidad económica tendiente a
la autarquía que condujo a la ruptura de la relación
mercantil de las explotaciones con la ciudad: se propicia tanto
la decadencia del pequeño y medio propietario como la
reducción cuantitativa de las élites ciudadanas
(al concentrarse las propiedades en un reducido número
de familias).
La concentración de tierras ha de relacionarse con otros
fenómenos, como por ejemplo, la gran relevancia que en
el siglo II d.C. adquirió el aceite bético en
el comercio. La preocupación del emperador Trajano
por el régimen de abastecimiento de alimentos de la plebe
romana y los ejércitos se materializó en la potenciación
de la “industria” alimentaria, sobre todo en algunas
zonas como la Baetica, bien
conocida por ser productora de salazones y aceite de buena calidad
y en cantidad como para suponer precios no muy elevados (aparte
de las entregas que pudieran realizarse como impuesto en especie,
la Baetica suministraba al
Estado que compraba grandes cantidades de producto y al mercado
privado). El agravamiento de la situación socioeconómica
motivó una mayor intervención del Estado promulgándose,
en época de Adriano,
distintas leyes tendientes a corregir la situación agraria:
se promulga una ley sobre los campos agrestes y aquellos que
lleven diez años seguidos sin cultivar y una ley sobre
la venta de 1/3 de la producción oleícola al Estado
(esto supuso un apoyo a los “industriales” olivareros,
a los que garantizaba la compra y comercialización por
parte del Estado de buena parte de su producción aceitera).
Así pues, el Estado se convertía en un cliente
obligatorio y seguro que realizaba sus compras al precio que
marcaba el mercado (sin intervenciones) y, por ende, la annona
imperial (que abastecía a la población de Roma
y el ejército del limes europeo) se convirtió
en el principal consumidor del aceite bético. Las pruebas
de que esta política de incentivación de la producción
debió tener un éxito real las proporcionan los
restos de ánforas del Monte
Testaccio en Roma, los alfares béticos y los centros
de fabricación del aceite (almazaras).
Por otra parte, las prospecciones efectuadas a lo largo del
río Guadalquivir revelan que la explotación estaba
condicionada por el paisaje: la ribera derecha se beneficiaba
de las vecinas minas de Sierra Morena, mientras que la orilla
izquierda, desde Hispalis
(Sevilla) hasta Corduba (Córdoba),
era eminentemente agrícola. Al mismo tiempo esta última
se dividía en dos zonas de agricultura diferente: en
Hispalis se concentraba la
zona olivarera por excelencia, con una progresiva concentración
de alfares y villae, mientras
que en los valles de Córdoba, las pequeñas vegas
del Guadalquivir y parte de las de Carmona, se cultivaban cereales.
Aquí, las fincas eran más numerosas, aunque más
pequeñas, y sus edificios de dimensiones más reducidas,
todo lo contrario que en la zona olivarera, donde, debido al
desarrollo que la producción aceitera estaba cobrando,
las villae presentan edificaciones
rústicas más complejas (dependencias para la molienda,
cámaras de prensado y piletas para la decantación
del aceite). En consecuencia, la adquisición de una mayor
relevancia del aceite en el comercio pudo suponer un aumento
de la propiedad y una mayor preocupación por la rentabilidad
de las explotaciones, que no sólo se refleja en la complejidad
de las instalaciones destinadas a la producción, sino
también en la de la parte residencial que acogía
al dueño, cuyas visitas debieron hacerse cada vez más
frecuentes para supervisar el buen funcionamiento de sus explotaciones.
No obstante, será con la crisis de la ciudad cuando las
villae desarrollen su pars
urbana, al convertirse en residencia definitiva de sus
propietarios.
La civitas, célula
de reproducción del organigrama político, social
y económico romano, constituía el núcleo
fundamental de una administración que renunciaba a un
aparato burocrático centralista, costoso e ineficaz (debido
a la extensión del Imperio), y lo sustituía por
otro menos costoso y fácil de aplicar. Como institución
autónoma, era responsabilidad propia de la civitas
soportar un conjunto de funciones políticas, sociales
y, sobre todo, económicas (con unos límites de
seguridad para el poder central romano). El funcionamiento de
las civitates, que tampoco
tenían un aparato burocrático administrativo,
se sostenía sobre los hombros de la clase alta (sólo
los ciudadanos que disponían de un poder económico
determinado y tiempo libre podían aceptar estos puestos).
La gestión pública de las ciudades estaba en manos
de unas magistraturas, de carácter anual y gratuito,
y un consejo municipal vitalicio y honorífico: el ordo
decurional.
Una de las bases autonómicas de la civitas
era la económica, independiente de cualquier medio financiero
proporcionado por el estado central. Teniendo en cuenta que
los medios financieros propios del municipio, tierras comunales
e impuestos, sólo podrían cubrir una parte de
las muchas necesidades materiales y personales que requería
el funcionamiento comunal (abastecimiento de agua, calzadas,
etc.), resulta evidente que dependía para su existencia
de los servicios y prestaciones de sus ciudadanos notables,
que debían de contribuir a la gestión municipal.
Así pues, su aportación iba más allá
de dedicar su tiempo al servicio de la comunidad, pues el evergetismo
suavizaba la incapacidad financiera de las ciudades para hacer
frente a servicios que demandaba la población, especialmente
en materia de construcción y entretenimiento público.
La lucha interna de estas familias ricas por el prestigio social
y el poder político era lo que las empujaba a cumplir
con estos servicios para el bienestar de la comunidad. En definitiva,
la historia de los municipios provinciales estaba ligada a la
historia de sus élites locales: su prosperidad significó
el bienestar de la ciudad y sus dificultades económicas
la decadencia de la vida comunal. A partir de finales del siglo
II d.C. este pilar clave del Estado romano entra en declive.
En este momento la población de las civitates
(pequeños y medianos propietarios agrícolas, campesinos
libres, dueños de comercios y talleres) cambia, predominando
un nuevo ciudadano rentista, que obtenía sus ingresos
de la propiedad agrícola o "industrial". El
éxodo rural, cierta limitación en los ingresos
procedentes del comercio ante el cese de la expansión
romana, la escasa capacidad adquisitiva del proletariado urbano
y la baja de las rentas de las propiedades de los terratenientes
como consecuencia del colonato, determinó el empobrecimiento
de las ciudades que comenzaron a endeudarse gravemente. Este
hecho provocó que los emperadores, incapaces de hacer
frente al problema que embargaba al Imperio y de garantizar
la prosperidad ciudadana, tomaran una serie de medidas.
Desde Trajano al menos, y
sobre todo desde Adriano,
la intervención en este sistema que se hundía
es cada vez mayor, obligando al desempeño de las magistraturas
urbanas a las clases adineradas. Éstas habían
de pagar el honor que se les confería con una serie de
liturgias que fueron asumiendo
el carácter de obligaciones regulares. De este modo,
no sólo fue desapareciendo el espíritu evergético
y el afán de destacar que habían hecho posible
el gran desarrollo urbanístico, sino que ahora las ya
castigadas oligarquías encontraron un motivo más
para refugiarse en sus casas de campo: huir de cargas que se
habían convertido en insoportables. Las estancias se
harían entonces más prolongadas e incluso algunos
llegan a convertirlas en sus residencias habituales, distanciándose
de las ciudades. La fuerte inflación y la gran devaluación
de la moneda, notoria durante los gobiernos de Marco
Aurelio y Comodo, debieron
crear en los grandes terratenientes la sensación de que
el dinero perdía su poder adquisitivo y por ello lo invirtieron
engalanando sus cada vez más frecuentadas residencias
campestres. De esta forma, ornamentos y comodidades que hasta
entonces habían sido exclusivamente urbanos y fundamentalmente
públicos (esculturas, mosaicos y baños termales),
toman posesión de las villae.
A la muerte de Severo Alejandro
(siglo III d.C.) se produjo un periodo de inestabilidad política
y de gran confusión conocido como "Anarquía
Militar" que, sumado a las primeras invasiones bárbaras,
agudizó la crisis de las ciudades. De cualquier forma,
no se trata de un fenómeno generalizado, pues parece
haber afectado fundamentalmente a los territorios costeros del
noreste, catalanes y levantinos y, en menor medida, a los andaluces
(aquí sólo se constatan destrucciones en Malaca
y en Baelo). La extensión
del latifundio, la quiebra del campesinado y la destrucción
de las ciudades propició, en el marco de la inestabilidad
política de la Anarquía Militar, un nuevo panorama
de actividades agrarias en la Península Ibérica.
En él se deben señalar, como fenómenos
relevantes de carácter general, la mengua de la producción
(vinculada a la reducción del área cultivada y
los nuevos sistemas de cultivo derivados del desarrollo del
latifundio) y la inversión de los ejes económicos
hispanos. Estos cambios y las transformaciones económicas
que se estaban produciendo en el Imperio son la causa fundamental
de que muchos asentamientos costeros que combinaban la producción
agrícola con actividades industriales (salazones y alfarería),
también entren en crisis.
En este contexto de crisis generalizada se produjo la deserción
urbana de los grandes terratenientes: los aristócratas
abandonan definitivamente la ciudad, instalando sus residencias
en las villae, que tienden
a transformarse en unidades políticas, sociales y económicas
e incluso religiosas, usurpándole a la ciudad funciones
que con anterioridad habían sido exclusivamente suyas.
La arqueología atestigua la difícil situación
de inestabilidad que atravesaban las ciudades a finales del
siglo III d.C. y comienzos del siglo IV d.C.; situación
claramente perjudicial para el normal desarrollo de la vida
económica y política. En contraste con la desolación
de las ciudades, se pone de manifiesto un simultáneo
enriquecimiento del campo y de una nueva clase de propietarios,
una minoría social de base rural y latifundista enriquecida
por la espectacular concentración de la propiedad.
Los miembros de la vieja oligarquía que lograron sobrevivir
y adaptarse a las recientes circunstancias acabaron integrando
una nueva aristocracia provincial junto a los "nuevos ricos".
Esto supuso una transformación de carácter social
y cultural, pues estos grupos revelan gustos y aspiraciones
de corte aristocrático o nobiliario que anuncian lo feudal.
Desinteresados por los viejos munera
locales y apartados de la ciudad, crean en su entorno individual
un poder paralelo de base rural con centro material en las suntuosas
villae palaciegas Bajo Imperiales.
Desde entonces se produce un desplazamiento de los focos artísticos,
culturales y comerciales de las ciudades al medio rural, que
se traduce en un rápido desarrollo de los establecimientos
campestres. En realidad, más que una renovación,
se produjo un renacimiento de las villae,
pues además de reconstruirse algunas de las desaparecidas,
se reformaron muchas de las existentes y se edificaron otras
nuevas que son ya la expresión de un cambio en las normas
arquitectónicas, artísticas, económicas
y sociales que regían el mundo del campo. En su nueva
configuración urbanística se puede observar una
diversidad de ordenamientos que expresan tanto la personalidad
de sus propietarios como el desarrollo específico de
cada villae, aunque en muchas
ocasiones el resultado se ve condicionado por una realidad preexistente.
Si bien es cierto que las villae
Bajo Imperiales revisten características autárquicas,
no se excluye la existencia de producciones destinadas al mercado.
Lo que ocurre es que la importancia de la producción
reservada al comercio no ofrece puntos de comparación
con el desarrollo alcanzado en siglos precedentes (el contraste
puede apreciarse especialmente en las exportaciones de aceite).
Este desarrollo y embellecimiento de todo género que
experimentaron las villae
hispanas continuó hasta las segundas invasiones germanas
del siglo V d.C. Las guerras y saqueos continuos a los que se
vio sometido el campo propiciaron la desaparición de
las villae por el abandono
de sus dueños o el carácter propiamente romano
por cambio de propietario. En las regiones libres de dominación
germana la situación se mantuvo independiente durante
la segunda mitad del siglo V d.C. y la primera mitad del siglo
VI d.C., siendo regida de forma autónoma por la aristocracia
hispano romana, cuyo poder y riqueza residían en la propiedad
de distintos latifundios. Las grandes haciendas, refugio de
una Hispania que se hundía,
seguían siendo el lugar de residencia del dueño
en muchos casos; pero también estaban habitadas por un
gran número de individuos de estatuto diverso, que dependían,
en mayor o menor medida, de los grandes propietarios (la novedad
más destacable en estos momentos la constituye la creación
de ejércitos privados en los latifundios). Las transformaciones
más importantes se produjeron a partir de mediados del
siglo VI d.C., cuando se inicia el enfrentamiento de visigodos
y bizantinos por el control de la Baetica
y la Carthaginensis, que acabará
con la integración al reino visigodo de Toledo desde
mediados del siglo VII d.C. En conclusión, durante sus
varios siglos de vida estos establecimientos agrícolas
cambian de carácter y aspecto: a explotaciones republicanas
les suceden construcciones más confortables del Alto
Imperio que, durante el Bajo Imperio, adquieren una progresiva
suntuosidad y vastas extensiones. Posteriormente éstas
devienen en visigodas y llegan hasta nuestros días bajo
la forma de cortijos, masías
o pazos, mostrando una continuidad
a lo largo del tiempo. |
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